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La Santa Sede aprecia los esfuerzos
realizados en la Declaración sobre derechos humanos, orientación sexual e
identidad de género —presentada a la Asamblea general de las Naciones Unidas el
18 de diciembre de 2008— para condenar toda forma de violencia con respecto a
las personas homosexuales, así como para impulsar a los Estados a tomar todas
las medidas necesarias para poner fin a todas las penas criminales contra ellas.
Al mismo tiempo, la Santa Sede observa que la formulación de esa
Declaración va mucho más allá del objetivo antes señalado y que comparte.
En particular, las categorías "orientación sexual" e "identidad de
género", empleadas en el texto, no encuentran reconocimiento o una definición
clara y compartida en el derecho internacional. Si se tuvieran en cuenta en la
proclamación y en la traducción a la práctica de los derechos fundamentales,
serían causa de una grave incertidumbre jurídica, y minarían la capacidad de los
Estados de adherirse y de actuar nuevas convenciones y modelos de derechos
humanos, así como los ya existentes.
Aunque la Declaración condena
justamente todas las formas de violencia contra las personas homosexuales y
afirma el deber de protegerlas de ellas, el documento, considerado en su
totalidad, va más allá de este objetivo y, en cambio, suscita incertidumbre en
el derecho, además de poner en tela de juicio las normas existentes sobre
derechos humanos.
La Santa Sede sigue sosteniendo que se debe evitar
cualquier signo de injusta discriminación con respecto a las personas
homosexuales, y exhorta a los Estados a poner fin a las penas criminales contra
ellas.